La Federalización de la ciudad de Buenos Aires, aprobada en 1880, puso fin al histórico problema que fue la causa de tantas guerras civiles que enlutaron nuestra patria y completó la estructura como Nación organizada de la República Argentina y aseguró la unión de todos sus estados provinciales e intereses. Desde entonces, ninguna revolución a vuelto a constituir una amenaza de desintegración interna, el mayor problema durante los primeros sesenta años de independencia.  Ya en la década de 1820, Rivadavia había insistido en la federalización de la ciudad de Buenos Aires (como parte de su deseo de lograr una autoridad fuertemente centralizada), pero su propuesta recibió una oposición tan violenta por parte de los federales de la provincia de Buenos Aires liderados por Manuel Dorrego y Manuel Moreno, considerados entonces por los caudillos de otras provincias como los defensores de los derechos autónomos de la totalidad de aquéllas), que fracasó por completo.

En 1880, durante una acalorada campaña presidencial que enfrentaba  al Gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor y al candidato oficial, Julio A. Roca, pareció inminente el estallido de una guerra civil provocado por este mismo tema. Tejedor invocó la Ley del acuerdo y desalojó al gobierno de Avellaneda, que se retiró al suburbio de Belgrano. Determinado el Ejecutivo Nacional a acabar con la presión que con frecuencia ejercía el gobierno de la poderosa y rica provincia de Buenos Aires sobre el gobierno nacional, el 24 de agosto de 1880, después de que el Congreso rechazara su renuncia, el Presidente Avellaneda envía a las Cámaras el Proyecto por el cual se convierte al municipio porteño, en Capital de la República, previa conformidad de la Legislatura Provincial.

El 20 de septiembre de 1880, el Congreso Nacional, aún reunido en Belgrano, sancionó la Ley propuesta por Avellaneda y declaró a la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República. Federalizó el área abarcada por la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, convirtiéndola en el Distrito Federal, exclusivamente dependiente del gobierno nacional. Los edificios públicos y hasta la deuda externa de la provincia pasaron al patrimonio de la Nación. La Legislatura bonaerense, renovada en su totalidad, luego de apasionados debates, cedió a la Nación, el territorio de su ciudad capital y la provincia de Buenos Aires, cuya aprobación había sido lograda, emprendió la tarea de conseguir una nueva capital que competiría en belleza, poder, riqueza y cultura (véase La Plata). Con esta acción, que solucionó el último problema de organización nacional, la República Argentina avanzó hacia un sorprendente progreso, tanto en el ámbito político, como en el económico y el cultural.